Sala de Prensa

La Asociación de Transportistas por Autotaxi de Menorca ha presentado un recurso ante el Consell Insular contra la aprobación del Plan de ordenación de alquiler de vehículos con conductor en la isla de Menorca, y que posibilita la concesión de una empresa de esa actividad.

La Asociación profesional, que en su día ya presentó alegaciones en contra del citado plan, reitera en su recurso que el Consell Insular se extralimita claramente en sus competencias en la materia.

Al respecto, los profesionales del taxi consideran que el Consell Insular en ese tema tan solo puede desempeñar competencias ejecutivas y de gestión, en virtud de la delegación que la Comunidad Autónoma de les Illes Balears le efectuó en el año 1998.

Sin embargo, a pesar que la Orden ministerial que regula la materia de arrendamiento de vehículos con conductor posibilita al Consell elaborar un plan o programa cuando haya desajustes importantes entre la oferta y la demanda, la misma Orden, en un precepto distinto, establece el procedimiento específico y reserva la competencia a las Comunidades Autónomos cuando se pretenda modificar la proporción de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor en relación con el número de autorizaciones de taxi.

En ese sentido, la normativa nacional fija la proporción de 30 autorizaciones de taxi por cada una de arrendamiento de vehículos con conductor. Al mismo tiempo, esa normativa, establece que para autorizarse el arrendamiento de vehículos con conductor se necesita un mínimo de 5 vehículos. Por lo que en Menorca no podría autorizarse una empresa en ese sector.

Por ese motivo el Consell Insular, en su Plan, ha modificado la proporción del número de taxis, pasando de 30 a 15, por cada vehículo de arrendamiento con conductor, con el fin de poder conceder una autorización en esa actividad.

Sin embargo, ese procedimiento no es compartido por la Asociación de Taxistas de Menorca, que considera que el Plan no puede modificar una norma legal, por cuanto el Consell Insular tan solo tiene competencias ejecutivas y de gestión y, en ningún caso legislativas. Por ese motivo la Asociación profesional considera que el Plan sería ilegal, al extralimitarse claramente el Consell en sus atribuciones.