Sala de Prensa

Desde hace semanas, se viene anunciando un paro patronal a nivel nacional en el sector del transporte por carretera, y que, de confirmarse, tendrá lugar entre las 00:00 del 20 a las 24:00 h del 22 de diciembre.

A pesar de las reuniones de negociación mantenidas en los últimos días entre las patronales y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no ha existido un avance significativo por parte del citado Ministerio que permita desbloquear dicha situación.

Desde ASTRAME, la Asociación de Empresas de Transporte de Menorca, se comparten las reivindicaciones efectuadas por las patronales nacionales del transporte representadas en el Comité Nacional del Transporte por carretera (CNTC) y entre las que destacan FENADISMER y CETM.

La situación del transporte en Menorca, sin embargo, reviste de su propia idiosincrasia, lo que provoca que no todas las medidas solicitadas por las patronales nacionales puedan tener incidencia en su aplicación en el territorio insular. En ese sentido, no es de afectación directa la casuística de carga y descarga por parte de los conductores, o la imposición sin consenso de peajes a los camiones, aunque resulta evidente que dichos costes tienen un efecto inmediatamente trasladado al resto de operadores comerciales y, finalmente, al consumidor. Sin embargo, en otras cuestiones, las reivindicaciones realizadas tienen una directa trascendencia en la actividad del sector, como es el caso de la reclamación del mantenimiento del gasóleo profesional y su devolución mensual, en lugar de trimestral como sucede ahora o la repercusión directa del incremento del precio del combustible a los clientes.

En la mañana de hoy se está manteniendo una nueva reunión pero de no producirse avances en la negociación entre el Comité Nacional y el Ministerio de Transportes, se mantendrá el paro patronal a nivel nacional. Más allá de la posición que adopte cada empresa transportista en su libertad, queda patente la implicación que supondría para la isla de Menorca, ya que dicha postura condicionará directamente a las empresas insulares ante la posible paralización del tráfico de mercancías en los puertos de origen peninsular.