Sala de Prensa

Un estudio realizado por la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca (VITURME) pone de manifiesto que la renta generada por las viviendas y estancias turísticas se revierte en un 90% en la economía local, directamente por el rendimiento del alquiler y también por la prestación de los servicios que esta oferta requiere que, de manera generalizada, recae en industriales y comerciales locales porque las inversiones son realizadas, en general, por los propietarios de las viviendas, los cuales no pueden centralizar dichos servicios y contratarlos en grandes centrales de compras ubicadas fuera de la Isla.

Los empresarios de viviendas turísticas no comparten el contenido de la memoria de la revisión del Plan Territorial Insular que afirma que las viviendas y estancias turísticas suponen una menor capacidad de renta porque esta afirmación no ha sido contrastada en Menorca y choca frontalmente con las cifras que maneja VITURME. Un estudio realizado por esta asociación pone de manifiesto que el sector de viviendas turísticas de Menorca es generador de un impacto económico directo e indirecto cercano a los 90 millones de euros y crea cerca de 1.470 puestos de trabajo durante todo el año.

Estos datos no contemplan los beneficios directos e indirectos que los usuarios de estancias turísticas destinan a los diferentes sectores de servicios turísticos, comercio, restauración, alquiler de vehículos, actividades náuticas y de ocio, entre otras.

Por lo tanto, se trata de una actividad económica de un sector que no se puede menospreciar porque los beneficios que aporta a la economía y a la sociedad local son más que evidentes.

Además, es importante destacar que se trata de un negocio turístico que ha beneficiado, hasta ahora, a muchas familias menorquinas cuyas rentas del alquiler suponen un alivio para su economía porque permitía, por ejemplo, pagar los estudios universitarios de los hijos, un viaje vacacional al año fuera de Menorca y/o cambiar de vehículo cuando era necesario. 

La incomprensible postura de la administración pública, claramente contraria a esta actividad, afecta a uno de los sectores turísticos que más beneficia a la  economía local y pone en serio peligro el proyecto de vida de muchos menorquines, como ven con tristeza que se les prohíbe obtener un rendimiento económico, totalmente legítimo, de su propiedades.