Sala de Prensa

Este lunes se celebró una reunión en el Consell Insular de Menorca para abordar la grave problemática derivada del funcionamiento de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la isla. Al encuentro asistieron representantes de la Asociación de Empresas de Transporte de Menorca, ASCOME, la Asociación Empresarial Menorquina de Alquiler Sin Conductor, la Asociación Empresarial de Talleres del Automóvil de Menorca y la Asociación de Concesionarios del Automóvil de Menorca, así como la Federación PIME Menorca.

Por parte de la institución insular participaron el Presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el Conseller de Movilidad y Transportes, Juan Manuel Delgado.

Las asociaciones empresariales de PIME Menorca expusieron la situación límite que se vive actualmente debido a la imposibilidad de obtener citas para la ITV en un plazo razonable. Esta circunstancia coloca a numerosas empresas ante un dilema: detener vehículos esenciales para su actividad, soportando los costes fijos correspondientes, o circular incurriendo en infracción, dado que la ITV en vigor es un requisito legal indispensable según el Reglamento General de Vehículos.

Se reclamó al Consell Insular que haga cumplir las obligaciones contractuales a la empresa concesionaria del servicio, aplicando las sanciones previstas en el pliego si fuera necesario. Asimismo, se instó a que la nueva licitación se tramite con carácter urgente y que contemple un canon más reducido, con el fin de garantizar la concurrencia y que el procedimiento se centre en mejoras reales del servicio.

El Consell reconoció la situación insatisfactoria y asumió el caos actual, y aunque advirtió que la mejora no será inmediata, adelantó varias actuaciones. Entre ellas destacaron la implantación de un sistema unificado de cita previa por vía telefónica; la reserva de un cupo específico de citas para profesionales y, finalmente, el incremento del personal inspector mediante la negociación con la concesionaria (de modo que las estaciones de Ciutadella y Maó contarán con 5 y 8 inspectores, respectivamente).

En relación con la futura concesión, cuya redacción se encuentra en curso, se avanzó que el Consell optará por dos lotes diferenciados, uno por cada estación, con el objetivo de favorecer la competencia, siendo esta una reivindicación histórica por parte del sector empresarial. Del mismo modo, ha sido una reivindicación la construcción de una nueva estación en el centro de la isla, habida cuenta del notable incremento del parque móvil en Menorca desde que se proyectaron y construyeron las actuales instalaciones de ITV, cuya capacidad ha quedado claramente superada por la demanda actual. Sin embargo, y pese a la insistencia del sector, la Administración insular no contempla por el momento esta opción.

En el caso de Ciutadella, la licitación incorporará una nueva línea de inspección, previendo que el nuevo foso ya estará finalizado cuando la nueva adjudicataria inicie la prestación del servicio.

El Consell prevé publicar el anuncio de licitación a finales de enero. Actualmente, se prorrogó el servicio hasta el 30 de noviembre de 2026. No obstante, esto no implica que, si la licitación se adjudica antes, la nueva concesionaria no pueda entrar en funcionamiento una vez adjudicada.

Por último, se acordó realizar próximamente una visita conjunta a las estaciones de ITV, con el fin de conocer de primera mano la situación actual y la capacidad operativa de las instalaciones.

Asimismo, para finalizar el encuentro, las asociaciones recordaron que el tejido empresarial menorquín no puede permitirse una situación como la actual, en la que el cumplimiento de la normativa —obligatorio y exigible para cualquier operador— se vuelve prácticamente imposible por causas ajenas a las empresas. Las entidades de PIME Menorca señalaron que seguirán exigiendo rigor, responsabilidad y soluciones efectivas, porque la correcta prestación del servicio de ITV es un elemento esencial para la seguridad vial, para la competencia leal y para la continuidad de la actividad económica en la isla.

Las organizaciones empresariales reiteraron que no renunciarán a velar por los derechos de sus asociados, reclamando que la Administración ejerza plenamente sus competencias de control sobre la concesión y actúe con la determinación que corresponde cuando se incumplen los compromisos de servicio público. En este sentido, subrayaron que las asociaciones seguirán unidas, vigilantes y firmes, defendiendo con lealtad institucional, pero con total claridad las necesidades reales de las empresas menorquinas.