Sala de Prensa

El absentismo laboral, como muchas otras cuestiones, se ha interiorizado en las empresas. Y no debería ser así. No es un tema menor: cada baja laboral supone carga económica, organizativa y humana que muchas veces resulta inasumible para los negocios con plantillas reducidas, negocios familiares, autónomos y micropymes menorquinas que luchan por mantener su actividad en una economía marcadamente estacional y de mano de obra intensiva.

Cada ausencia prolongada implica reorganizar turnos, asumir más labores el resto de trabajadores o reducir servicios, con la dificultad añadida de que es muy difícil encontrar personal disponible para sustituir al trabajador de baja. En muchos casos, el propio empresario o autónomo termina doblando esfuerzos para que el negocio siga funcionando.

El problema del absentismo no se limita al ámbito privado. También afecta de manera preocupante a la Administración pública, donde la falta de personal o las ausencias prolongadas de funcionarios tienen consecuencias directas sobre las empresas y los ciudadanos. Cada trámite que se retrasa, cada expediente que queda paralizado o cada gestión que se pospone por falta de presencia en el puesto de trabajo repercute en la actividad económica, en licencias que no llegan, en subvenciones que se demoran o en permisos que impiden iniciar obras o inversiones. En un sistema administrativo donde los plazos administrativos ya son largos, el absentismo en la Administración pública agrava la sensación de impotencia y frustración de los empresarios. Lo más preocupante es que nos estamos acostumbrando a esta situación.

Y mientras tanto, el coste del absentismo no deja de crecer.

Según el Informe sobre el Absentismo Laboral por Contingencias Comunes en Baleares (2024), las bajas aumentaron un 7% respecto al año anterior, alcanzando las 239.994 en el conjunto del archipiélago. El coste total superó los 806,7 millones de euros, el doble que hace seis años. De esa cifra, más de 208 millones salieron directamente del bolsillo de las empresas. En Baleares, el equivalente a 35.283 trabajadores no acudió ningún día del año a su puesto de trabajo, un 10,9% más que en 2023. En España la cifra ya asusta, más de un millón y medio de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo.

Vaya por delante que no hablo de los trabajadores que necesitan legítimamente una baja médica. El derecho a la salud es incuestionable. Pero el sistema de gestión de las incapacidades temporales está fallando. Retrasos en las citas, meses de espera para pruebas diagnósticas, listas de espera para intervenciones o demoras en emitir las altas médicas alargan procesos que podrían resolverse con mayor agilidad. La participación de las mutuas en el diagnóstico, pruebas y resolución de procedimientos de baja sería fundamental para reducir la carga sobre el sistema público y acortar las listas de espera.

Sin embargo, mientras las empresas soportan estos costes y la ineficiencia del sistema, el Gobierno sigue centrado en una agenda laboral desconectada de la realidad empresarial. Reducción de la jornada laboral, ampliación de licencias retribuidas, nuevas obligaciones administrativas, adaptación de puestos de trabajo en caso de incapacidades y aumentos de cotizaciones para los autónomos… medidas que, una tras otra, se aprueban sin diálogo real con quienes crean empleo.

Todas ellas recaen sólo en el empresario. La administración decide y la empresa paga, sea cual sea su situación y sin tener en cuenta si puede o no asumirlo o que consecuencias pueden tener.

PIME Menorca, compartimos que no se puede exigir más a quienes ya se esfuerzan para mantener abiertos sus negocios, especialmente en una isla donde el margen de beneficio es limitado, la temporada es corta y la carga fiscal y laboral no deja de crecer. Mientras tanto, el absentismo sigue aumentando, y es una cuestión que podría tener solución.

Es necesario que se actúe donde realmente está el problema: en la lentitud del sistema sanitario, en la falta de control de las bajas injustificadas y en la necesidad de ofrecer alternativas ágiles que permita la reincorporación de los trabajadores. Como he dicho antes, sin menoscabo para la salud de los trabajadores.

Para agilizar diagnósticos y altas, especialmente en los casos más frecuentes deberían buscarse alternativas que reduzcan la carga sobre el sistema público y que acorten las listas de espera; que fomenten la reincorporación progresiva cuando sea posible, evitando prolongar innecesariamente las ausencias; que los costes que suponen estas contingencias no sea asumido por las empresas; que la administración se responsabilice de las demoras injustificadas; y también que se favorezca la reducción del absentismo en los convenios colectivos.