Sala de Prensa

Aunque no lo parezca, el tiempo pasa. Una frase tan sencilla y a la vez tan evidente se puede aplicar en muchos aspectos y en varios temas. El que nos afecta hoy es el de la moratoria a las plazas turísticas, una medida que desde 2022 lleva lastrando las posibilidades económicas de la Isla con el agravio que eso supone. Cuando en 2023 hubo un cambio en el timón del Consell Insular y del Govern Balear, uno de los mensajes que más se escuchó en la campaña del Partido Popular fue que se levantaría cuanto antes esa decisión tomada por el anterior equipo de Gobierno.

Esa medida temporal, que afecta directamente a los intereses de los menorquines que tienen viviendas con posibilidad de conseguir licencias de alquiler turístico, así como al hecho de que pueda proliferar el alquiler turístico ilegal dado el atractivo y la demanda que hay actualmente, lleva demasiado tiempo en vigencia.

Desde el Govern Balear nos han dejado claro que el levantamiento es viable y que depende, exclusivamente de la voluntad del actual Consell Insular. En su momento se nos dijo que la moratoria se eliminaría una vez existiese un informe que mostrase el impacto real en la Isla.

Una vez más, y como hemos hecho desde el primer paso de esta Asociación, recalcamos que el problema de la vivienda y del acceso a la vivienda no depende de las viviendas turísticas que no están en los núcleos residenciales… Quizás deberíamos reflexionar en cuántas plazas se han construido en los últimos años en relación a cuánto ha crecido la población para entender que, quizás, hacen falta más pisos y que se faciliten los trámites, siempre dentro del marco legal, para no ahuyentar a los inversores.

Porque poner trabas a iniciativas empresariales más por falta de fluidez burocrática que por el propio marco legal es una forma de ahuyentar la economía, de apostar por la dejadez y de que los menorquines sean los más perjudicados.