Sala de Prensa

La Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca presentó alegaciones al proyecto de ley de regulación del alquiler turístico que ha tenido entrada ya en Parlament  para iniciar su tramitación.

Los empresarios entienden que el proyecto de ley nace con muchos inconvenientes jurídicos que supondrán que la aprobación con el contenido actual acabe en los tribunales.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima que el establecimiento de unas zonas determinada en las puedan autorizarse estancias turísticas infringe la libertad de empresa y la directiva Bolkestein, estableciendo una limitación de la oferta no justificada. En la misma línea se contempla en el proyecto de ley autonómico el establecimiento de limitaciones por razón de la ubicación.

A esta sentencia, que deriva de las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, debe añadirse las recomendaciones que la misma entidad ha realizado al decreto regulador de la misma figura en Galicia.

La Comisión recomienda la modificación para evitar su impugnación en los Tribunales, y lo hace detallando los obstáculos a la competencia efectiva que contiene el decreto gallego. Entre ellos, permitir que los Ayuntamientos limiten el número de viviendas en determinados edificios o zonas urbanísticas, exigencia de requisitos como el pago de tasas, el seguro de responsabilidad civil e incluso la obligación de inscripción en un registro público para obtener la calificación de turísticas.

VITURME considera que el contenido de la propuesta actual va en contra de las recomendaciones que ha venido realizado la Comisión y no permitirá, a medio plazo, la inscripción de nuevas viviendas, sea cual sea la tipología de las mismas. El procedimiento establecido para la determinación de las zonas aptas supondrá que, en tanto en cuanto cada uno de los ayuntamientos y el Consell Insular en última instancia no definan las zonas, quedará paralizado el registro de establecimientos.

Como ya manifestó la Asociación a la Presidenta del CIM y a la Consellera de Ordenación Turística, se disfraza con voluntad de regulación una norma que en definitiva es una moratoria para evitar la inscripción de nuevas viviendas en el ámbito turístico. Limitando y prohibiendo que muchos propietarios menorquines puedan incorporarse al mercado turístico.

Además esta nueva propuesta limitará que muchas de las estancias que tienen amparo en la normativa actual no pueden inscribirse o dificulte su inscripción al aumentar los requisitos que deben cumplir.

A estas valoraciones jurídicas deben añadirse las valoraciones sociales que también se están efectuando, como las conclusiones del estudio de la UIB sobre el alquiler turístico o los resultados de la encuesta realizada por el CIM para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de Menorca, que no dejan lugar a dudas sobre los beneficios de esta nueva forma de alojamiento turístico en la sociedad.

Ante estas circunstancias por las que han pasado otras normativas autonómicas, la retirada del proyecto en los términos actuales es la vía que la Asociación considera más beneficiosa. De esta forma, podría replantearse una nueva regulación más acorde con la normativa europea y española y evitar impugnaciones posteriores que no conducirán a nada más que a la inseguridad jurídica que con esta norma se pretende evitar.

Representantes de la Asociación están manteniendo contactos con los diferentes partidos políticos que conforman el arco parlamentario para trasladarles la necesidad de reconducir la normativa a una regulación útil que permita la inscripción real de las estancias que ya se están comercializando.